Diputada presenta proyecto para mejorar protección del derecho de las comunidades indígenas a sus territorios

0
271

Pérez Zeledón. La diputada Nielsen Pérez Pérez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley que actualiza la Ley Indígena del país, con el fin de garantizar una mejor protección del derecho de los pueblo indígenas a sus tierras.

El proyecto, indica la legisladora, responde al grave problema de usurpación masiva en los territorios indígenas, que actualmente están ocupados por más de un 50% de no indígenas en todo el país. Esto genera un incumplimiento de lo dispuesto por ley y una grave condición de discriminación, segregación y violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

La iniciativa de la legisladora incluye un nuevo artículo a la ley, con el fin de prohibir el desalojo de los pueblos indígenas de sus propios territorios.

Según se indica, en ningún caso, las autoridades administrativas o judiciales podrán ordenar un desalojo contra una o varias personas indígenas que estén ocupando sus territorios.

Dicho artículo indica además que tampoco procederán medidas cautelares dirigidas a limitar de cualquier forma el ejercicio de sus derechos de posesión y propiedad, tales como transitar, cultivar, aprovechar o ejercer cualquier otra actividad derivada del control efectivo de sus tierras, recursos y territorios.

El año pasado el Tribunal Agrario de San José ordenó el desalojo de familias cabécares de China Kichá de una finca dentro de su propio territorio, situación que fue cuestionada por diversos actores políticos y sociales. La reforma de la diputada Pérez Pérez evitaría que una situación similar vuelva a ocurrir.

Otro elemento del proyecto presentado por la legisladora es modificar el artículo 5 de la ley para que los títulos de propiedad de no indígenas, sobre territorios indígenas, no prevalezcan por sobre el derecho de los pueblos originarios. Esto implicaría que las personas no indígenas sean desalojadas de esas propiedades y reclamen sus eventuales derechos directamente contra el Estado, por medio de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

La legisladora espera que más legisladores respalden y suscriban la iniciativa durante las próximas semanas.