El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó seis años de prisión, en aplicación del procedimiento especial abreviado, contra un hombre de apellido Chaves, por delitos de peculado y falsedad ideológica.
Se sustituye la pena privativa de libertad por arresto domiciliario con monitoreo electrónico por el plazo de seis años.
Al parecer, el sentenciado al momento de los hechos era funcionario público y laboraba para el Ministerio de Seguridad Pública, destacado en el puesto de encargado del subgrupo de la unidad móvil de Policía de Fronteras de Paso Canoas.
En apariencia, el 24 de junio del 2015 en horas de la tarde, en el sector del Tajo de la Cuesta, unos oficiales de la policía lograron decomisar licor de contrabando.
Al parecer, el decomiso fue trasladado en una unidad policial desde el sector del Tajo hasta las instalaciones del puesto policial en Paso Canoas, lugar donde quedó en custodia de la Policía de Fronteras, propiamente en el parqueo.
Supuestamente el día 25 de junio del 2015 en horas de la tarde, el imputado junto con otra persona aprovecharon que en ocasión del cargo que ostentaban se les habían sido confiadas la administración y custodia del decomiso de licor del día anterior.
Por lo que en apariencia procedieron a abordar la unidad policial dónde se encontraba el mencionado decomiso y con la excusa de abastecer de combustible dicha unidad se retiraron con la misma hacia el sector de Ciudad Neilly.
Presuntamente en el trayecto y a sabiendas del carácter ilícito de su actuar, aprovecharon para sustraer bienes cuya custodia les había sido confiada, pues se apoderaron ilegítimamente de varias botellas de licor que se encontraban en la unidad policial.
Aparentemente Chaves de común acuerdo y con la finalidad de encubrir la sustracción del licor y la verdadera información de los decomisos, confeccionó documentos públicos concernientes a hechos que se debían de probar, insertando falsamente información.
Las acciones desplegadas por el encartado lesionaron con su actuar el fisco, por cuanto el licor sustraído era de contrabando, evadiendo los impuestos fiscales, la fe pública por consignar datos falsos en documentos que debían probar hechos ciertos y el deber de probidad que debía respetar como funcionario público.
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