Buenos Aires. Los proyectos para llevar servicios de internet y telefonía a 14 territorios indígenas de las zonas Sur y Atlántica –en el marco del programa Comunidades Conectadas de Fonatel– avanzan de acuerdo con los cronogramas y serán activados secuencialmente entre julio de 2021 y diciembre de 2022.
Esto según el plazo aprobado por el fideicomiso Superintendencia de Telecomunicaciones y Banco Nacional de Costa Rica (SUTEL-BNCR) y en seguimiento a las disposiciones de salud ante la emergencia por la pandemia.
Consciente de la necesidad de contribuir con el cierre de la brecha digital en estas localidades, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue el único operador interesado en participar en los concursos realizados por el fideicomiso para dotarlas de conectividad.
En conjunto, el proyecto permitirá que 105 comunidades, 87 centros educativos y 32 centros de salud cuenten con facilidades de telecomunicaciones.
El proyecto instalará 53 torres nuevas y readecuará siete existentes que brindarán voz, internet y cobertura celular.
Este año se activarán los servicios en Rey Curré y Salitre en Buenos Aires de Puntarenas en la Zona Sur.
Debido a la emergencia sanitaria y en acatamiento a las medidas adoptadas por el Gobierno de la República y las instituciones del Estado, en marzo de 2020 el proyecto aplicó la cláusula 20.1 con el fin de disminuir el riesgo de contagio del virus causante del COVID-19.
Esta cláusula establecía la suspensión de los trabajos con el objetivo de crear un cerco epidemiológico para proteger a los habitantes de dichos territorios y a los trabajadores del Instituto. En setiembre pasado, y en común acuerdo con el fideicomiso, se levantó esta cláusula para avanzar con las labores, siguiendo estrictos protocolos sanitarios.
El ICE ha trabajado de manera cercana, oportuna y conjunta con la Dirección General del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) en la revalidación de los acuerdos con las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADIs) para el ingreso y uso de terrenos dentro de estas comunidades, según lo establecido por la normativa vigente.
De manera paralela, el Instituto mantiene comunicación con los pueblos indígenas para informar los alcances del proyecto, aspecto esencial para progresar con los permisos de los entes reguladores en materia ambiental y de construcción de obras con los municipios respectivos.
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