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Pérez Zeledón. De acuerdo con la información suministrada por prensa del Ministerio de Justicia y Paz, luego de que se presentaran gran cantidad de casos de Covid 19 en los centros penales en Pérez Zeledón, la situación está volviendo a la normalidad.

El Centro de Atención Integral Antonio Bastida de Paz regristra 0 activos, 296 recuperados en población  privada de libertad.

Mientras que en cuanto a funcionarios, hay uno activo y 11 recuperados.

En el caso de la Unidad de Atención Integral Pabru Presberi: 0 activos, 172 recuperados en privados de libertad y en funcionarios, 5 activos y 36 recuperados.

Recordemos que en este último Centro se presentó un brote en el mes de noviembre, pues de las 283 personas privadas de libertad en este espacio, la tercera parte tuvo el virus.

Además, de gran parte del personal que labora aquí.

Cabe indicar que en estos centros penales, no se reportó ninguna persona fallecida por este virus a la fecha.

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Pérez Zeledón. El Ministerio de Justicia y Paz elabora un protocolo encaminado a reanudar las visitas a las personas privadas de libertad, medida que se adoptó el pasado 20 de marzo para protegerlas de la pandemia.

En el caso de Pérez Zeledón, se ubican el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz y la Unidad de Atención Integral Pablo Presbere.

La representante del Ejecutivo agregó que están trabajando en plena coordinación con el Ministerio de Salud, instancia que deberá validar el texto elaborado por Justicia. El protocolo podrá ponerse en marcha en los penales una vez que las autoridades sanitarias le den el visto bueno.

Cada semana se revisa la situación sanitaria del país para adoptar decisiones. Además de la limitación a las visitas, Justicia tomó otras medidas para prevenir el contagio de Covid-19 entre la población penitenciaria.

Por ejemplo, actualmente solo se permite una encomienda por persona cada día.

Además, el lavado de manos y la distancia social en las filas son dos medidas preventivas que se están aplicando a todos los que llegan a entregar sus paquetes.

El personal de los centros está instruido para no presentarse a trabajar si tiene síntomas de resfrío, y se les toma la temperatura antes de ingresar a sus labores. También deben lavarse las manos cuando entran y salen del penal.

Hasta la fecha, no se han presentado casos positivos de Covid-19 en el sistema penitenciario.

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Pérez Zeledón. El ingenio de la población para ingresar droga a los centros penales continúa, ahora fue en los huesos de una costilla de cerdo preparada que llevaban para entregar a un privado de libertad.

Esto sucedió en el Centro Penal Antonio Bastida de Paz en Palmares de Pérez Zeledón, el miércoles de la semana anterior.

La astucia de la Policía Penitenciaria, detectó que algo no estaba bien en la comida y encontraron 46 dosis de aparente marihuana.

Esto se logró por medio de las revisiones que hacen constantemente de las encomiendas que llegan para los residentes.

La persona sospechosa tuvo la paciencia de introducir aparente marihuana en el interior de estos huesos.

La detección se logró por medio de una funcionaria, tras capacitaciones que ha recibido.

La persona que llevaba la comida fue detenida y fue trasladada a la orden del Ministerio Pública, para determinar su situación jurídica.

La Policía Penitenciaria sigue trabajando para evitar el ingreso de drogas u objetos prohibidos a los centros penales.

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Pérez Zeledón. La mañana de este jueves, se registró una pelea en unos ámbitos de sentenciados en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz en Palmares de Pérez Zeledón.

Según informó el departamento de prensa del Ministerio de Justicia y Paz, las autoridades del Centro tuvieron que intervenir y ya la situación fue controlada.

Los afectados fueron trasladados al Hospital Escalante Pradilla para que les tomaran placas, como medida preventiva.

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Los dos privados de libertad del Centro de Atención Institucional  Antonio Bastida de Paz en Palmares de Pérez Zeledón, que se encontraban en aislamiento ya fueron dados de alta la semana anterior.

Así lo confirmó el departamento de prensa del Ministerio de Justicia y Paz.

Ambas personas no presentaron ningún síntoma y cuentan con buenas condiciones de salud.

El Ministerio de Salud había ordenado aislar a cuatro policías penitenciarios y a dos personas privadas de libertad, ya que coincidieron en tiempo y espacio con el funcionario que dio positivo con COVID-19 en el cantón.

Cabe indicar que como parte del trabajo de prevención se llevó a cabo un trabajo de limpieza en este lugar.

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Pérez Zeledón. Un convenio entre el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio de Justicia y Paz, permitirá que la Dirección General de Adaptación Social y la Policía Penitenciaria puedan verificar la identidad de la población privada de libertad de manera ágil y segura.

Los jerarcas de ambas entidades, Luis Antonio Sobrado y Cecilia Sánchez, firmaron la tarde de este lunes el “Convenio para la utilización de la Plataforma de Servicios Institucional (PSI) para el sector público”.

El objeto del acuerdo consiste en que el Ministerio de Justicia y Paz pueda consultar de manera puntual datos personales de acceso irrestricto (públicos) así como aquellos de acceso restringido (privados) contenidos en la base de datos que lleva el Registro Civil.

Esa información que suministrará el Tribunal Supremo de Elecciones dará mayor seguridad a los centros de reclusión para constatar que las personas nacionales que ingresan al Sistema Penitenciario Nacional son realmente quienes deben ser.

Además, en el futuro, servirá de insumo para implementar los sistemas informáticos de visita familiar, conyugal y de abogados. De igual manera, permitirá que las dependencias administrativas puedan validar y confrontar los datos en los procesos de reclutamiento y selección de personal.

En el caso del ingreso de información de las personas privadas de libertad, el sistema mejorará los tiempos de respuesta en los servicios, ya que se dejaría de digitar manualmente la información que suministrará el Tribunal Supremo de Elecciones, evitando así nombres mal escritos o incompletos.

El acceso y consulta de los datos objeto del convenio se realizará a través de Radiográfica Costarricense S. A. El convenio tendrá una vigencia de cinco años.

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Privados de libertad.

Pérez Zeledón. Los privados de libertad que participaron, culminaron el curso de hidroponía, el cual fue impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Las lecciones fueron coordinadas por el Departamento de Orientación de dicho centro y se realizaron durante todo el mes de setiembre, tres días por semana.

Todos los participantes recibieron su certificado.

Este tipo de capacitaciones permite que la población privada de libertad adquiera herramientas y conocimientos para el momento de su egreso.

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Salitre.

Buenos Aires. La ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, compareció ante la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, la cual reconoció el esfuerzo del Gobierno por atender el conflicto indígena en Salitre.

En su declaración, la jerarca, sostuvo que existe una deuda histórica del Estado costarricense, por más de 50 años, hacia los pueblos indígenas al no aplicar las leyes nacionales.

Además de los convenios internacionales que reconocen los derechos de esta comunidad a ocupar sus territorios y que, en caso de ser poseídos por no indígenas, iniciar los procesos de reubicación e indemnización correspondientes.

Añadió que en este nuevo abordaje, el Gobierno reconoce la titularidad de los pueblos indígenas para reclamar su territorio, por lo que deberá darle continuidad a los procesos administrativos necesarios para lograr la integridad y unidad de dichos territorios.

La titular de Justicia sostuvo que dicha hoja de ruta fue solicitada por los mismos pobladores y las acciones que se propongan, serán consensuadas con la población indígena del territorio de Salitre.

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Buenos Aires. Como parte del proceso de diálogo, la jerarca, Cecilia Sánchez, se desplazó el lunes hasta el territorio indígena de Salitre en Buenos Aires de Puntarenas.

Como parte de las medidas del Gobierno para atender el conflicto de tierras indígenas en Salitre, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) realizará un estudio situacional, con la participación de miembros de la comunidad indígena, para identificar cuáles personas están ocupando los territorios y establecer así los derechos que cada una de ellas tenga.

Ese análisis se basará en la hoja cartográfica que levantó el Catastro Nacional en todo ese territorio indígena.

En una primera fase, deben conformarse las cuadrillas de técnicos que se desplazarán al sitio para realizar el estudio de acuerdo con un cronograma de fechas en el que se está trabajando.

Paralelamente, el Inder trabaja en la creación de un manual de procedimientos en aplicación de los artículos 3, 5 y 8 de la Ley Indígena, con el fin de establecer el mecanismo de reubicación e indemnización en territorios indígenas en todo el país.

Las acciones evidencian el compromiso de este Gobierno por solucionar el conflicto de tierras, así como la atención que se le ha dado al problema como parte de la política de Estado.

En el sitio, la jerarca hizo un llamado a los pobladores con los que se reunió para fortalecer las vías del diálogo y la paz social, con el objetivo de reducir los hechos violentos en la zona.

“El Gobierno quiere hacer de manifiesto su total interés de fortalecer los territorios indígenas y en particular, Bribri. Se reconoce que ha habido una deuda histórica con los pueblos indígenas, por más de 50 años, y este tema debió ser abordado desde hace mucho tiempo”, expresó la ministra.

El grupo de indígenas del territorio de Salitre que solicitó una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), rechazó la propuesta presentada por el Gobierno desde el 10 de setiembre anterior.

Por lo que unos 35 indígenas entregaron a la ministra, un escrito con observaciones al borrador del protocolo y las razones del rechazo. Ese documento será analizado en los próximos días para establecer la ruta a seguir, así como informar a la CIDH de los resultados de las reuniones con el pueblo indígena.
Esta es la segunda reunión que se concreta con la ministra en esa localidad.

Precisamente, el Gobierno de la República, asignó a la ministra para establecer un diálogo con los pueblos indígenas, esto por la preocupación ante el incremento de las tensiones entre grupos en el territorio indígena.

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Buenos Aires. El Gobierno de la República manifiesta su preocupación ante el incremento de las tensiones entre grupos en el territorio indígena de Salitre, en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, y hace un llamado al respeto, a la paz y al diálogo para impedir un agravamiento de la situación.

A la vez, el Gobierno reitera que mantiene una continua atención de la problemática que se vive en esa comunidad.

Indican que la Fuerza Pública se ha mantenido atenta a lo ocurrido y ha reportado a autoridades judiciales al menos nueve incidentes de agresiones de distinto tipo ocurridos entre el 9 de agosto y 6 de setiembre, en los que figuran como ofendidas tanto personas de la comunidad indígena Bribri como no-indígenas.

En cumplimiento de la legislación nacional e internacional y de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  el Gobierno reforzará sus acciones para evitar actos violentos, defender los derechos humanos de todas las partes y hacer respetar los instrumentos de protección a los pueblos indígenas, de los cuales Costa Rica es signataria.

Asimismo, el Gobierno hizo una solicitud al Poder Judicial  para que atienda de manera prioritaria las denuncias generadas dentro del territorio.

La ministra de esa cartera, Cecilia Sánchez, fue asignada para establecer un diálogo con los pueblos indígenas.

Las reuniones tendrán como propósito garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, la puesta en práctica de un protocolo de seguridad y la implementación de medidas cautelares ordenadas el pasado 30 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, las reuniones analizarán la propuesta de política de te tierras que se ha venido impulsando de manera interinstitucional desde el inicio de gestión de este Administración.

Desde marzo pasado, el Ministerio de Seguridad Pública ha incrementado paulatinamente la presencia policial en el lugar que ha pasado de 20 efectivos a 60 en estos momentos.

Los oficiales de la Fuerza Pública que sean destacados en la zona recibirán capacitación en materia de derechos humanos, atención de las medidas cautelares de organismos internacionales e instrumentos nacionales e internacionales de protección de los pueblos indígenas.

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