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privados de libertad

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Pérez Zeledón. Según el reporte del Ministerio de Justicia y Paz, este 17 de noviembre se registraron 21 casos nuevos de Covid 19 en privados de libertad de la Unidad de Atención Integral Pabru Presbere en Pérez Zeledón.

Con estos datos, se contabilizan 90 residentes con el virus activo y 81 ya recuperados.

Además, hay 40 funcionarios con este coronavirus activo, quienes laboran en esta Unidad.

En el caso del Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, hay 37 activos y 25 recuperados; mientras que en funcionarios hay 4 recuperados.

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Pérez Zeledón. Ante la situación de emergencia que enfrenta el país por la pandemia del Covid-19, los residentes de la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos Zúñiga tuvieron un gesto solidario con los residentes de la UAI Pabru Presberi, en Pérez Zeledón.

Decidieron donar a sus compañeros 275 kits de artículos personales con el fin de brindarles una ayuda ante la suspensión de visitas que viven los centros penitenciarios.

El Comité de Residentes, conociendo que en la UAI Pabru Presbere no tiene un comisariato, acordó donar unos kits de artículos personales a sus compañeros.

Ante este acto solidario, los residentes de la Pabru Presberi manifestaron su agradecimiento a sus compañeros.

La entrega de los insumos personales fue realizada durante la semana anterior a 275 residentes de la UAI Pabru Presberi. Cada kit incluye jabón de baño, pasta de dientes, papel higiénico y cepillos de dientes.

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Pérez Zeledón. Diana Posada, viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia, habló sobre las acciones que se están tomando en los centros penales tras la pandemia del Covid 19.

En la Zona Sur, a la fecha, solo se registra un caso positivo con el virus en el sistema semi institucional de Pérez Zeledón.

La jerarca, manifestó que se mantienen las visitas suspendidas a los centros.

Asimismo, precisó que se trabaja en la revisión médica de los funcionarios en sus jornadas.

Precisó que en estos días se espera brindar más información sobre las acciones a seguir.

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Pérez Zeledón. En apego a una orden emitida por el Juzgado de Ejecución de la Pena de la Zona Atlántica, el Instituto Nacional de Criminología emitió directrices a fin de que privados y privadas de libertad que presenten factores de riesgo susceptibles al Covid-19 sean valorados de manera extraordinaria con prioridad para eventuales cambios de medida, específicamente el paso a un régimen semi institucional que les permitiría permanecer en sus hogares, de forma temporal durante tres meses, mientras persista la emergencia sanitaria.

Durante ese tiempo, estarán sujetos al sistema penitenciario. La Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, manifestó que estas directrices se emiten como respuesta y en estricto apego a la orden judicial recibida.

“Como ministerio nos asiste la obligación de atender la orden del juzgado, por lo que estas valoraciones extraordinarias se llevarán a cabo a través de un proceso técnico fundamentado no solo en los criterios médicos, sino también tomando en cuenta una serie de factores que analizan el proceso de atención de la persona privada de libertad desde el momento en que ingresó al sistema, de manera que sea posible determinar que el movimiento a un régimen semi institucional no represente un riesgo para la propia persona, para potenciales o reales víctimas ni para la sociedad. Se trata de una medida que, si bien tendrá origen en lo médico, analizará también los factores criminales. Es importante resaltar que lo que se ordena realizar son las valoraciones, no todavía los movimientos”, explicó la jerarca.

El 4 de abril pasado, el Instituto Nacional de Criminología recibió una notificación de parte del juzgado limonense con los siguientes lineamientos:

–Ordenar a la Administración Penitenciaria que, por razones de humanidad, se valore de manera extraordinaria y en plazo perentorio las personas privadas de libertad cuya condición de salud se encuentre dentro de los supuestos descritos por el Ministerio de Salud como de riesgo.

–Se amplíe el criterio de valoración a las personas que descuentan penas cortas que se encuentren próximas a cumplir su sanción y que no impliquen un riesgo para sí o para terceros.

–Ordenar al Instituto Nacional de Criminología, por razones de humanidad, resolver de manera expedita cada una de las recomendaciones de reubicación en un nivel de menor contención.

Ante la orden, el Ministerio de Justicia adoptó una serie de acuerdos.  En primer lugar, la lista de enfermedades o situaciones por las que se podría valorar a una persona privada de libertad incluye los casos de insuficiencia renal crónica, enfermedades cardíacas, esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes, pacientes inmunosuprimidos (como aquellos con VIH), enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial con crisis frecuentes, pacientes oncológicos, personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, mujeres con niños en módulos materno infantiles, hipertensión, diabetes, obesidad mórbida.

Las valoraciones extraordinarias se activarán en el momento en que se envíen las nuevas directrices a los centros penitenciarios, quienes enviarán las recomendaciones de casos al Instituto Nacional de Criminología para el análisis y decisión; las valoraciones ordinarias continuarán en proceso. En principio, el paso al nivel Semi-Institucional se ordenará por tres meses, tiempo tras el cual se llevará a cabo una valoración de resultados y de la pertinencia de la medida, considerando la situación de la emergencia sanitaria en el país para ese momento. 

 

Criterio médico y criterio técnico

El ministerio acordó que el criterio médico será el punto de partida para generar el proceso de valoración extraordinaria, aunque no será el único: se valorará que las personas cuenten con apoyo externo que resulte viable (aspecto indispensable) y se tomarán en consideración los criterios de cada sección profesional (informes de los profesionales de derecho, psicología, trabajo social, orientación, procesos interdisciplinarios, Policía Penitenciaria y educación).

“Antes de determinar el paso al Nivel Semi-Institucional, debe quedar constancia de que la persona representará el menor riesgo para la comisión de un nuevo delito. Por esto, los profesionales responsables de procesos interdisciplinarios analizarán la posición de la persona ante el delito y se tomará en cuenta su criterio sobre la persona privada de libertad en relación con la disminución de riesgos de repetición de conductas delictivas, no solo su situación de salud”, recalcó la ministra Salazar.

 

Penas cortas

La orden judicial menciona también la aplicación de la valoración en caso de penas cortas, para lo cual el Instituto Nacional de Criminología determinó que dicha variable se analizaría, a su vez, de manera conjunta con la situación de salud de la persona para determinar si reporta factores de riesgo en relación con Covid-19. Además, no debe tener otras sentencias pendientes de descuento.

Para cumplir con lo contenido en la orden judicial, el Instituto homologó la definición de “pena corta” con los tres meses que abarcaría el movimiento temporal al régimen semi institucional, determinando que en esta categoría podrían valorarse personas privadas de libertad que estén próximas a cumplir sus penas (tres meses). El criterio fundamental en este caso nuevamente es que no impliquen un riesgo para sí o para terceros.

 

¿Qué cambia?

El 17 de marzo pasado el Instituto Nacional de Criminología giró una directriz interna para que “los directores de los centros determinen, en conjunto con el personal de salud, y mantengan permanentemente actualizado un listado de los privados de libertad con factores de riesgo y evalúen la posibilidad de ubicarlos en espacios específicos”.

En relación con la situación sanitaria del Covid-19, se realizaron 43 valoraciones positivas en las categorías de adulto mayor con padecimientos de riesgo, así como mujeres embarazadas y mujeres con niños pequeños, todos los cuales han avanzado en su proceso de atención institucional y ya están en camino de moverse hacia el régimen semi institucional de manera ordinaria. En el caso de las valoraciones extraordinarias ordenadas por el juzgado limonense, se amplían los criterios a temas de salud independientemente del nivel de madurez y resultados del proceso individual de atención institucional.

Es importante mencionar que bajo la gestión del Instituto Nacional de Criminología se encuentra solamente la población penitenciaria sentenciada, y será únicamente sobre ésta que se realicen las mencionadas valoraciones extraordinarias; la población indiciada y apremiada está a la orden de los respectivos juzgados.

Sobre esta orden judicial, el Ministerio de Justicia y Paz manifestó a la Comisión de Asuntos Penales de la Corte Suprema de Justicia que se acataba lo ordenado, no exento de preocupaciones, como por ejemplo, que las personas que pasen al ámbito semi institucional en esta medida temporal pudieran contagiarse de Covid-19 fuera de los centros penitenciarios, o que las condiciones socioeconómicas en el país, producto de la emergencia sanitaria, les dificultara conseguir un empleo durante ese periodo.

NOTA: Al cierre del día 20 de abril se recibió otra orden judicial de San José y el día 21 de abril una del Juzgado de Cartago.

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Los dos privados de libertad del Centro de Atención Institucional  Antonio Bastida de Paz en Palmares de Pérez Zeledón, que se encontraban en aislamiento ya fueron dados de alta la semana anterior.

Así lo confirmó el departamento de prensa del Ministerio de Justicia y Paz.

Ambas personas no presentaron ningún síntoma y cuentan con buenas condiciones de salud.

El Ministerio de Salud había ordenado aislar a cuatro policías penitenciarios y a dos personas privadas de libertad, ya que coincidieron en tiempo y espacio con el funcionario que dio positivo con COVID-19 en el cantón.

Cabe indicar que como parte del trabajo de prevención se llevó a cabo un trabajo de limpieza en este lugar.

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Uno de los oficiales heridos.

Pérez Zeledón.  Esta mañana fueron trasladados cuatro oficiales de la Policía Penitenciaria y un privado de libertad a Emergencias del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón, tras el motín ocurrido en el módulo B1 del Centro Penitenciario ubicado en Palmares de este cantón.

De acuerdo con el doctor, Carlos Argüello, jefe de emergencias, llegaron en condición estable y con lesiones menores y leves.

De estos pacientes atendidos, tres fueron dados de alta y hay dos que están siendo valorados por especialistas y realizándoles un estudios, para determinar si también son egresados.

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Esta mañana se presentó.

Pérez Zeledón. Cinco oficiales de la Policía Penitenciaria resultaron heridos esta mañana cuando al ingresar a uno de los ámbitos del CAI Antonio Bastida de Paz, en Pérez Zeledón, fueron atacados con tablas por los privados de libertad. Uno de los agentes sufrió un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de la golpiza.

La escaramuza terminó con 96 personas amotinadas y cinco de los supuestos cabecillas del movimiento movilizados a celdas de aislamiento.

El problema sobrevino a eso de las 9 de la mañana cuando la Policía Penitenciaria ingresó al ámbito de sentenciados para llevar a cabo una revisión para buscar drogas, armas y celulares.

En ese momento se produjo el asalto a los oficiales.

“La población penitenciaria se les vino encima para impedir la requisa”, comentó la directora del centro penitenciario, Yamileth Valverde Granados. La directora destacó la rapidez con la que la Policía Penitenciaria controló la situación.

Personal médico del centro penitenciario y de la UAI Pabru Presberi atendieron a los heridos, entre estos un policía penitenciario a quien debieron aplicarle maniobras de resucitación.  Él y dos de sus compañeros fueron llevados al Hospital Fernando Escalante Pradilla.

Las autoridades médicas los reportan estables.  También recibieron atención cinco privados de libertad.  Los hombres enviados a las celdas de aislamiento responden a los apellidos Saballos, Gutiérrez, Alvarado, Gómez y Corrales.

Este viernes las autoridades del centro tenían previstas actividades para hacer un llamado de atención en el Mes de la No Violencia contra las Mujeres, entre estas un partido de futbol.

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Pérez Zeledón. La diputada, María Vita Monge, urgió a los magistrados de la Sala Constitucional para que resuelvan lo más pronto posible un recurso de amparo, el cual busca poner un alto a una serie de deficiencias que según dijo, han desmejorado el funcionamiento de la Unidad de Atención Integral (UAI) Pabru Preberi de Pérez Zeledón.

La UAI, la cual es modelo a nivel nacional e internacional, pasó a ser parte de los centros penales con hacinamiento carcelario, pues pese a tener capacidad solo para 256 residentes, ahora tiene 320.

En razón de una orden del Ministerio de Justicia para colocar más camarotes en las celdas, medida que se pretende sea frenada con el recurso constitucional, el cual fue interpuesto por Cristín Dayana Scott, Defensora Pública de Ejecución de la Pena de Pérez Zeledón.

El modelo de Unidad de Atención Integral es parte de un programa que busca rehabilitar a los privados de libertad con distintas oportunidades de formación, como el estudio.

Sin embargo, por la colocación de los camarotes se han reducido los espacios para estudio en sus celdas, e incluso, se les ha removido las lámparas para las horas de repaso, obligándolos a acudir a las salas comunes, dificultando así su concentración.

Por otro lado, desde el 23 de noviembre de 2018, la UAI no cuenta con un profesional en derecho asignado para cumplir con todo lo que respecta a los informes para las audiencias de la Libertad Condicional, lo cual ha generado atrasos importantes que han impedido que a los residentes se les respete el derecho al debido proceso.

Lo mismo ocurre con el servicio de Trabajo Social y Psicología, el cual se encuentra colapsado, precisamente por la sobrepoblación carcelaria que registró este centro en los últimos meses.

De hecho, ante la Sala Constitucional también se denunció que existe un grupo importante de residentes que no han podido solicitar la ejecución condicional de la pena porque no han sido ni siquiera valorados por este departamento, lo cual lesionaría sus derechos.

El 29 de julio del año en curso, el juez Juan Carlos Alvarado Miranda ordenó el cierre técnico de la UAI Reinaldo Villalobos en Alajuela, por los mismos problemas de hacinamiento y administrativos.

Por ello, la diputada, hace un llamado vehemente a evitar que esto suceda en la UAI de Pérez Zeledón.

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Pérez Zeledón. 250 privados de libertad se encuentran en la Unidad de Atención Integral del Ministerio de Justicia y Paz en Pérez Zeledón, donde uno de los enfoques que tienen, es que estudien.

Yalile Galera, directora de esta Unidad, explicó que las necesidades son muchas, ya que buscan tener talleres para que reciban capacitaciones por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje.

La intención es que puedan hacer productos, para que aporten recursos a sus familias.

En este lugar, también los residentes hacen diversas labores.

Esta unidad se abrió en mayo de 2017 y ya casi no tiene cupo.

La intención es que los residentes sigan adelante con sus estudios y se formen en diferentes áreas.

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Pérez Zeledón. Del 22 al 26 de octubre, se celebra la Semana del Privado de Libertad en el Centro Penitenciario de Pérez Zeledón.

Durante esa semana, los residentes de este lugar quienes laboran en los talleres de artesanías, podrán participar de un concurso que se está organizando.

Unos cinco privados de libertad serán escogidos para exhibir sus productos durante el primer Encuentro Ambiental, Pérez Zeledón 2018, que se llevará a cabo el jueves 22 de noviembre de ocho de la mañana a tres de la tarde en el parque de San Isidro de El General.

La intención es que estos residentes participen en este concurso, para escoger a quienes los representarán.

Esta será una de las tantas actividades programas para esta Semana del Privado de Libertad.

Así que durante el Encuentro Ambiental, los residentes del Centro Penitenciario, mostrarán sus artesanías.

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