Carmen Picado N.
Pérez Zeledón. En el caso del empresario de apellidos Blanco Solís, descuenta prisión domiciliaria.
La jueza Iris Valverde dejó en libertad a los sospechosos, alegando el problema de sobrepoblación que vive el sistema carcelario.
Esta decisión la desaprueba la Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón, que la considera un error de apreciacióm judicial.
El Fiscal, Edgar Ramírez, precisó que esta decisión esta pone en riesgo a la víctima y a un testigo clave en el caso.
El 4 de julio del 2012, se realizaron 4 hallanamientos simultáneos que dieron como resultado la detención de los hombres implicados en el intento de homicidio del ingeniero.
El incidente ocurrió en enero de ese mismo año, cuando le dispararon en el brazo izquierdo y el abdomen, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón.
Los sospechosos son un sujeto de apellidos Blanco Solís, quien se presume fue quien dio la orden. También dos detenidos que figuran como intermediarios de apellidos Saborio Saborio y Blanco Prado, que vivían en Lomas de Cocorí y Las Juntas de Pacuar.
También, en ese momento, se detuvo al sicario, un hombre de apellidos Araya Leiva, en el cantón de Osa.
El ingeniero, era el encargado de otorgar los permisos en el municipio generaleño y al parecer, la razón que dio con el intento de homicidio, es que Barrantes negó en varias ocasiones el permiso para la construcción de una estación de servicio en la localidad de El Hoyón.
El debate en este caso comenzará el 3 de julio en Los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón.
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