Buenos Aires. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay, estuvo en Costa Rica y manifestó que durante su visita, recibió información preocupante sobre los diversos ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos en los territorios indígenas.
En la mayoría de los casos, la causa subyacente es la falta de seguridad en la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas.
En ese sentido, resaltó el asesinato de los líderes indígenas Sergio Rojas en 2019 y Jhery Rivera en 2020, beneficiarios de las medidas cautelares de la CIDH en 2015, por lo que le preocupa especialmente la falta de avances en el procedimiento judicial para estos casos.
En ese sentido, expresó que recibió información de la falta de medidas de protección adecuadas, con enfoque intercultural, de género y debidamente consultadas y acordadas con las personas afectadas.
Reconoció los esfuerzos se realizan a nivel central, pero dio a conocer que persisten a nivel local comportamientos discriminatorios y en algunos casos racistas del personal de la fiscalía, de los jueces, e investigadores del OIJ particularmente en el cantón de Buenos Aires.
Preocupa también la enorme desconfianza en el poder judicial debido a la impunidad frente a los ataques ya mencionados contra los defensores y defensoras de la tierra.
Manifestó que hasta el día de hoy, el Estado de Costa Rica no ha contextualizado el asesinato de los dos líderes indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera dentro del conflicto por la restitución de tierras indígenas.
El relator, también mostró su preocupación sobre la información que recibió del territorio de China Kichá en Pérez Zeledón sobre el abuso aparente uso de la fuerza por parte de la policía contra los indígenas recuperadores de tierra, en hechos sucedidos en marzo de 2020.
Otro punto al que se refirió, fue a la suspensión indefinida en 2018 del proyecto Diquis en la Zona Sur del Instituto Costarricense de Electricidad, por razones administrativas.
Manifestó que le gustaría que esta decisión significara un paso inicial por parte de las empresas de titularidad pública costarricenses, para demostrar el liderazgo en materia de respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y así liderar con el ejemplo.
Además, destacó la promulgación en 2019 del decreto de oficialización y declaratoria de interés público de la base de datos Bröran (Térraba) referente a la determinación de los patrones genealógicos del pueblo Bröran, realizado con el apoyo técnico del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Asimismo, que le fue grato recibir información acerca de la aprobación en 2019 de la ley No.9710 sobre la protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza que permite garantizar el reconocimiento de la nacionalidad costarricense al pueblo fronterizo de Ngäbe y Bugle.
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