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Sala Constitucional

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Pérez Zeledón. Este martes, el Ministerio de Seguridad conoció dos resoluciones de la Sala Constitucional, en las que se respaldan las acciones efectuadas por la Fuerza Pública en los bloqueos; uno de ellos en Cañas, provincia de Guanacaste y el segundo en Los Pinos y Loma Verde de Pérez Zeledón.

El primero de ellos se trató de un Recurso de Habeas Corpus interpuesto por un hombre de apellido Sandoval por los hechos dados el 14 de octubre pasado, en Los Pinos y Loma Verde.

El accionante indicaba que la Fuerza Pública realizó una incursión abusiva con la falsa excusa de remover bloqueos que no existieron en la vía pública.

Al respecto la Sala consideró que: “…no se comprobó alguna afectación concreta a la integridad de los accionantes”, por lo que se declaró sin lugar el recurso.

La intervención policial fue el 14 de octubre de este año.

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Golfito. La Sala Constitucional anuló varias cláusulas contenidas en las convenciones colectivas de las municipalidades de Golfito y Santa Ana, al igual que en Japdeva y el Banco Popular.

En el caso de la Municipalidad de Golfito, la sentencia se dictó el 21 de octubre de este año, donde se impugnaron los artículos 2, 3, 7, 13 y 18 de la Primera Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Sindicato de Empleados Municipales de Golfito.

Asimismo, se cuestiona el Acuerdo de Modificación del artículo 2 de la Primera Convención Colectiva de la Municipalidad de Golfito. Suscrita el 26/06/1998.

Con respecto a ello, la Sala por unanimidad rechazó la acción de inconstitucionalidad con respecto a los numerales cuarto, sétimo, décimo, décimo segundo y décimo tercero, indicados por el accionante.

Por unanimidad, se declara parcialmente con lugar la acción contra el artículo segundo de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Golfito, en la versión homologada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante resoluciones números DRT 252-98 de las 14:00 horas del 28 de abril de 1998 y DRT 380-98 de las 9:00 horas del 1 de julio de 1998; en consecuencia, se anula la frase.

“…A partir del primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, se incrementarán los salarios cada vez que el Gobierno decrete los aumentos de ley, más un 3%” del artículo segundo.

Por mayoría se declara con lugar la acción contra el artículo décimo sétimo de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Golfito, en la versión homologada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante resoluciones números DRT 252-98 de las 14:00 horas del 28 de abril de 1998 y DRT 380-98 de las 9:00 horas del 1 de julio de 1998”. en consecuencia, se anula esa norma.

Sobre este asunto, el magistrado Fernando Cruz, salva el voto y declara constitucional el artículo décimo sétimo de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Golfito.

Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.

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Pérez Zeledón. La familia Valverde Anchía acudió este martes en la noche al Concejo Municipal de Pérez Zeledón, con el fin de buscar respuestas ante la situación que afirman viven por el daño a su propiedad en Calle Elizondo en barrio Morazán.

Afirman que hay una gran apertura dentro del terreno, producto del ingreso de aguas que vienen de un camino público que abrió hace unos años el municipio.

Esta familia, acudió hasta la Sala Constitucional, que les dio la razón y ordenó los trabajos en el lugar.

Sobre este tema, la Municipalidad hizo algunos trabajos pero fuera de la propiedad, sin embargo, la familia precisa que el problema persiste.

Al respecto, los regidores Oldín Quirós del Frente Amplio y José Luis Orozco de Nueva República, consultaron sobre la situación que vive.

Mientras tanto, el alcalde, Jeffry Montoya, no se refirió al asunto en la sesión.

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Pérez Zeledón. La diputada, vecina de Pérez Zeledón, María Vita Monge Granados, interpuso un Recurso de Amparo en la Sala Constitucional contra el Institutito de Acueductos y Alcantarillados, su presidenta ejecutiva, Yamileth Astorga y el gerente general de AyA, Manuel Salas, por los cobros abusivos en facturas de agua dados en las últimas semanas.

La legisladora pidió a los magistrados constitucionales que ordenen al AyA que se reintegre a los administrados los montos pagados de más en las facturas ya canceladas del mes de mayo y se ordene establecer el mismo consumo de agua de los  meses anteriores a marzo, abril y mayo.

Y si existiere consumo de más, se registre como pérdidas en virtud de que el ciudadano no es responsable de que la entidad no haya realizado las mediciones correspondientes.

Asimismo, que a partir de junio, se realicen las mediciones correspondientes y se cobre únicamente lo consumido en ese mes y así en facturas posteriores.

En el recurso, la legisladora alega que el AyA, con la situación actual, viola el derecho al agua potable, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la protección del Estado de los intereses económicos de la ciudadanía y el derecho a un ambiente sano y equilibrado.

Este lunes, la congresista Monge logró la aprobación de una moción en la Comisión de Derechos Humanos para que los jerarcas del AyA y Aresep comparezcan el próximo lunes y viertan las explicaciones sobre la situación irregular actual.

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Buenos Aires. La Sala Constitucional resolvió un recurso de Habeas Corpus interpuesto por Carlos Vázquez, vecino de Buenos Aires y ordenó a la Asociación de Desarrollo Indígena de Ujarrás, no impedir el libre tránsito a este territorio.

La agrupación, optó por colocar agujas con el fin de regular el ingreso, como una de las medidas por el tema de Covid -19.

El vecino, espera que esta decisión sea respetada.

Mientras tanto, en la agrupación, precisan que estas medidas de regulación son como parte de la orden sanitaria.

Desmienten que el paso esté cerrado.

Y reiteraron que nunca se la ha obstaculizado a la población el paso.

La resolución fue dada a conocer el dos de junio de este año.

Entrevistas e imágenes: Brunca Tv Digital.

 

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Pérez Zeledón. Esta es la situación que vive una familia en Calle Elizondo en Barrio Morazán en Pérez Zeledón.

Esta gran apertura se hizo en su propiedad, producto del ingreso de aguas que vienen de un camino que se abrió hace unos años por parte de la Municipalidad de este cantón.

Debido a este problema, en agosto de 2018 acudieron al municipio y presentaron la denuncia. Igualmente, presentaron la queja al Ministerio de Salud, porque debido esta zanja, se estanca el agua y tenían por la reproducción de zancudos.

Al no recibir respuesta, en mayo del 2019, presentaron un Recurso de Amparo  y fue resulto por la Sala Constitucional en junio de ese mismo año a favor de los vecinos y el por tanto, daba 10 días al municipio para las obras.

Pero al no recibir respuesta, acudieron nuevamente a la Sala y en diciembre de 2019, se acoge la gestión por desobediencia.

 Sobre esta situación, la Municipalidad de Pérez Zeledón en un documento con fecha del 22 de abril, se informó los trabajos que se harán en el lugar.

Según se detallan:

Iniciarán con la construcción de los ocho tubos de 60 centímetros de concreto prefabricado en el pago de las aguas transversal en la vía en cuestión.

Se realizará la construcción de los cabezales de acuerdo con las disposiciones técnicas establecidas en la normativa vigente en el manual de normas y diseños del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Se realizará la conformación de la calzada, brindando el bombeo y las condiciones geométricas transversales adecuadas.

Se construirán cunetas de 10 metros lineales en concreto hidraúlicas con las dimensiones adecuadas.

Y se tiene programado que este proyecto se ejecute en dos meses.

De acuerdo con el alcalde, Jeffry Montoya, dijo que los trabajos de la Unidad de Gestión Vial están paralizados, por lo que están a la espera de las disposiciones del Ministerio de Salud, por lo que esperan que pueden retomar a mediados de mayo.

Sobre los daños a lo interno de la propiedad, dijo que la Municipalidad no puede invertir en ese sentido.

En el municipio, esperan que este mismo mes se comiencen los trabajos.

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Pérez Zeledón. La diputada, María Vita Monge, urgió a los magistrados de la Sala Constitucional para que resuelvan lo más pronto posible un recurso de amparo, el cual busca poner un alto a una serie de deficiencias que según dijo, han desmejorado el funcionamiento de la Unidad de Atención Integral (UAI) Pabru Preberi de Pérez Zeledón.

La UAI, la cual es modelo a nivel nacional e internacional, pasó a ser parte de los centros penales con hacinamiento carcelario, pues pese a tener capacidad solo para 256 residentes, ahora tiene 320.

En razón de una orden del Ministerio de Justicia para colocar más camarotes en las celdas, medida que se pretende sea frenada con el recurso constitucional, el cual fue interpuesto por Cristín Dayana Scott, Defensora Pública de Ejecución de la Pena de Pérez Zeledón.

El modelo de Unidad de Atención Integral es parte de un programa que busca rehabilitar a los privados de libertad con distintas oportunidades de formación, como el estudio.

Sin embargo, por la colocación de los camarotes se han reducido los espacios para estudio en sus celdas, e incluso, se les ha removido las lámparas para las horas de repaso, obligándolos a acudir a las salas comunes, dificultando así su concentración.

Por otro lado, desde el 23 de noviembre de 2018, la UAI no cuenta con un profesional en derecho asignado para cumplir con todo lo que respecta a los informes para las audiencias de la Libertad Condicional, lo cual ha generado atrasos importantes que han impedido que a los residentes se les respete el derecho al debido proceso.

Lo mismo ocurre con el servicio de Trabajo Social y Psicología, el cual se encuentra colapsado, precisamente por la sobrepoblación carcelaria que registró este centro en los últimos meses.

De hecho, ante la Sala Constitucional también se denunció que existe un grupo importante de residentes que no han podido solicitar la ejecución condicional de la pena porque no han sido ni siquiera valorados por este departamento, lo cual lesionaría sus derechos.

El 29 de julio del año en curso, el juez Juan Carlos Alvarado Miranda ordenó el cierre técnico de la UAI Reinaldo Villalobos en Alajuela, por los mismos problemas de hacinamiento y administrativos.

Por ello, la diputada, hace un llamado vehemente a evitar que esto suceda en la UAI de Pérez Zeledón.

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Pérez Zeledón. Este martes, representantes de comunidades organizadas del cantón de Pérez Zeledón y pertenecientes al Movimiento Ríos Vivos presentaron un Recurso de Amparo contra la Municipalidad de Pérez Zeledón, en defensa del río San Rafael.

Primero, estuvieron en el boulevard de la Asamblea Legislativa para compartir información.

Los vecinos, denuncian una serie de inconsistencias del gobierno local del cantón de Pérez Zeledón, en relación con el cumplimiento Plan Regulador.

Indican que la empresa Grupo H. Solís impulsa la construcción del Proyecto Hidroeléctrico San Rafael, sobre el río que lleva el mismo nombre, lo cual afectaría directamente a la comunidad de San Pedro.

Precisan que diversas instituciones estatales han incurrido en una serie de inconsistencias y la Municipalidad de Pérez Zeledón es una de las principales acusadas de lesionar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, reconocido en la Constitución Política de nuestro país.

Los vecinos presentaron el Recurso solicitando que:

La primera es que atentar contra el derecho a un ambiente sano.

La segunda revocar la decisión del Concejo Municipal de aprobar una moratoria a la generación hidroeléctrica en el cantón, decisión que fue tomada el 13 de agosto de 2013, argumentando que esta medida no corresponde a sus atribuciones como gobierno local.

Ya la tercera, es no acatar lo establecido en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador vigente del cantón de Pérez Zeledón, el cual prohíbe otorgar permisos municipales para obras de gran envergadura o mayores a todas las zonas de alto riesgo del cantón, con base en las investigaciones de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

El Recurso de Amparo pretende que se ordene a la Municipalidad de Pérez Zeledón respetar lo establecido en el Reglamento de Zonificación correspondiente y se abstenga de violentar el derecho a un ambiente sano que tienen las comunidades del cantón.

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Se le prorrogue la licencia extraordinaria hasta por un plazo de seis meses. Imagen ilustrativa.

Corredores. La Sala Constitucional ordenó al director médico del Área de Salud que gire las órdenes y emita las instrucciones que estén dentro del marco de sus atribuciones y de su competencia, para que a una mujer se le prorrogue la licencia extraordinaria hasta por un plazo de seis meses para que atienda a su menor hijo, esto luego de un Recurso de Amparo que presentó.

La mujer recurrió a la Sala, porque se le negaba esta prórroga, sin tomar en consideración la prescripción médica que la recomienda, ya que su hijo requiere cuido directo y constante atención de su parte, pues presenta parálisis cerebral secundaria a prematuridad, disparesía espástica, trastorno del lenguaje, pies en equino corregido y nivel funcional.

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Judesur.

Golfito. La Sala Constitucional rechazó el recurso de amparo tramitado interpuesto por Jorge Luis Quirós, presidente de la Federación de Municipalidades del Sur (FEDEMSUR), contra Manuel Herrera Mutis presidente de la Junta Desarrollo del Sur (JUDESUR).

La resolución indica que no se viola el derecho a la salud y a un ambiente sano, como lo manifiesta Quirós, sino más bien refuerza la posición de Judesur en el sentido del incumplimiento de criterios técnicos y administrativos para cumplir con la normativa de ley vigente en materia ambiental.

El caso se remonta al 2014, cuando FEDEMSUR elaboró un proyecto para la construcción de un relleno sanitario que sería utilizado por las municipalidades de Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus, ya que los botaderos a cielo abierto técnicamente están clausurados por el Ministerio de Salud.

Según consta en el archivo judicial la problemática de la basura en la región data desde hace más de 15 años.

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