La Defensoría de los Habitantes advirtió sobre el progresivo debilitamiento de la producción nacional de frijol y sus implicaciones para el derecho humano a la alimentación, el trabajo digno y el desarrollo de las comunidades rurales, según los resultados del estudio “Análisis del acceso al crédito y estrategia de rescate de la producción nacional de frijol desde un enfoque de derechos humanos”.
La investigación evidenció que la producción nacional de frijol experimentó una caída acumulada del 25,9% entre 2006 y 2024, mientras que el financiamiento destinado a este cultivo ha sido históricamente marginal.
Durante el período analizado, el crédito dirigido al sub sector frijolero no superó el 0,20% del total del crédito agropecuario, y desde 2021 descendió a niveles cercanos al 0,01% y 0,02%, pese a tratarse de un alimento fundamental dentro de la dieta costarricense.
Los hallazgos muestran que el sistema de financiamiento agrícola continúa privilegiando actividades de mayor escala y menor riesgo financiero percibido, como la ganadería bovina lechera y el cultivo de café, mientras que los pequeños productores de alimentos básicos enfrentan importantes barreras para acceder a recursos productivos.
La Defensoría señala que esta situación no constituye únicamente un desafío productivo, sino también una problemática de derechos humanos.
La reducción sostenida de la producción nacional de frijol aumenta la dependencia de las importaciones y expone al país a mayores riesgos ante crisis internacionales, eventos climáticos extremos, fluctuaciones de precios o interrupciones en las cadenas globales de suministro», advierte el informe.
Asimismo, el estudio concluye que el debilitamiento del sub sector afecta directamente: el derecho humano a la alimentación adecuada, el derecho al trabajo digno de miles de familias rurales, la equidad territorial y el desarrollo de las regiones agrícolas y la seguridad alimentaria y nutricional del país.
El análisis también identifica una concentración territorial de los recursos financieros en las regiones Central y Huetar Norte, mientras que las regiones rurales periféricas continúan enfrentando mayores obstáculos para acceder al financiamiento. Adicionalmente, persisten importantes brechas de género.
Las mujeres productoras reciben una proporción significativamente menor de los créditos agropecuarios debido a factores estructurales como el limitado acceso a la propiedad de la tierra, menores garantías patrimoniales y barreras históricas dentro de los sistemas de financiamiento rural.
La Defensoría enfatiza que la producción agrícola nacional debe ser entendida como una infraestructura social estratégica para el país, al igual que la salud o la educación, debido a su papel fundamental en la protección de derechos humanos y la estabilidad social.
La institución instó a las autoridades a revisar los mecanismos actuales de financiamiento agrícola y adoptar políticas diferenciadas que permitan corregir las desigualdades existentes.
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