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Piden interponer denuncia judicial por supuesto pago indebido de prohibición a anteriores alcaldesa y vicealcaldesa

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Pérez Zeledón. Vera Corrales y Doris Picado, fueron alcaldesa y vicealcaldesa de la Municipalidad de Pérez Zeledón en el anterior periodo, quienes recibieron el pago del 65 por ciento por prohibición en sus salarios, recursos que al parecer, ahora tienen que devolver porque recibieron ese plus que nos les correspondía.

Seis de los nueve regidores del Concejo Municipal, aprobaron una moción presentada por Rafael Herrera, con el fin retomar este tema y que se presentara la denuncia judicial.

Se tratarían de 79 millones 167 mil colones por parte de la anterior y 24 millones 182 mil colones, por parte de la ex vicealcaldesa, es decir, un monto que supera los 103 millones de colones.

Estos montos corresponden a lo devengado por Corrales y Picado del 2012 al 2016, cuando asumieron la alcaldía y vicealcaldía respectivamente tras el plebiscito de Revocatoria de Mandato.

Este tema fue analizado por la Auditoria Interna, que elaboró un informe sobre el supuesto pago, el cual fue analizado por la Contraloría General de la República y con fecha 22 de agosto de 2017, comunica que se archiva, por lo que la auditoria procede a esta misma gestión.

La razón, porque según la Contraloría, no se encontraron elementos suficientes para continuar con la investigación, pero que este caso puede ser ventilado en instancias judiciales.

De acuerdo con el regidor, esta situación no se dio y por eso, se tomó el acuerdo de que se presentara la denuncia judicial.

También, se pide una investigación del auditor para conocer por qué no lo hizo.

Hubo o no pago ilegal. En Tv Sur Canal 14, consultamos al Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad y por medio de este documento, la encargada, Vannesa Sobrano, indicó:

“El pago de la prohibición de la jerarca administrativa anterior, no obedeció a un acto unilateral de esta oficina, ya que el mismo se generó en cumplimiento a una resolución administrativa emitida por el alcalde de este momento, quien en amparo al artículo 17, inciso k, ordenó su pago”.

La funcionaria, precisó que cuando la oficina tuvo conocimiento de que se efectuaron pagos supuestamente irregulares a dichas jerarcas, realizaron las consultas legales si e interrumpía o no, por lo que se debía llevar a cabo el proceso de lesividad y que hasta que estuviera concluido, se procedía, aclarando que ese proceso, le corresponde al Concejo Municipal.

Además, indicó que es de conocimiento de la oficina que hay un proceso administrativo para la recuperación de estos recursos.

Por medio del Departamento de Prensa de la Contraloría General de la República, nos indicaron que la institución no podría referirse u opinar de  forma generalizada, ya que cada caso tiene sus particularidades.

Eso sí, indicaron que se giraron consultas similares en torno a la prohibición, una presentada por la auditoria de la Municipalidad de Turrubares mediante un oficio del del 19 de junio de 2015., para conocer cuándo se paga o no la prohibición.

En ese caso, el criterio de la Contraloría fue que se desarrollan los requisitos para que proceda el pago de la prohibición, y el concepto de profesión liberal sin entrar a definir si la docencia es una profesión liberal o no.

Y otra, fue mediante un oficio del 15 de julio de 2015, planteada por un particular.

El criterio del ente contralor, fue que se desarrollan los requisitos para que proceda el pago de la prohibición, en cuanto al tema de profesión liberal y docencia.

También, En Canal 14, conversamos tanto con Vera Corrales como Doris Picado, sobre esta situación, quienes indicaron que por el momento no se referirán al tema.

“Consulté con mi abogado sobre lo de referirme al asunto y me recomendó que no lo ve conveniente porque no existe ninguna denuncia planteada, ya que el asunto se encuentra en investigación y siendo yo parte, no debo interferir emitiendo opiniones que podrían comprometer el proceso.

Por otro lado dejó claro mi disposición de referirme al tema, sin embargo, en este momento no es conveniente.

Tanto yo como Doris consideramos que no hemos incurrido en ningún delito y percibimos nuestro salario de acuerdo a lo que dispuso el departamento de recursos humanos de la Municipalidad en su momento”, expresó Vera Corrales.

El regidor, Rafael Herrera, niega que esta situación sea por política e indicó que en la Municipalidad de Santa Cruz de Guanacaste, hay un proceso penal contra la alcaldesa de ese cantón, por supuestamente haber recibido un plus salarial que no le correspondía.

Con respecto a este caso, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con sede en Pérez Zeledón, informó que, al día de hoy, no ha recibido alguna denuncia por parte de la Municipalidad de la zona, en contra de las señoras Corrales y Picado, en relación con los hechos expuestos.