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Defensoría exige acelerar plan de expropiación legal de tierras en favor de los pueblos indígenas

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Pérez Zeledón. La Defensoría de los Habitantes insiste en la obligación legal que tiene el Estado costarricense de hacer efectivo el proceso de expropiación de tierras que por ley corresponde a la población indígena de nuestro país, lo cual supone la obligación estatal de disponer de los recursos financieros suficientes y necesarios para activar los mecanismos de expropiación e indemnización que hasta ahora se han hecho de manera escasa.

La Defensoría, recientemente, elevó una gestión ante las autoridades del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para conocer el estado de avance de ese plan, pero además, cuestionó si la institución considera reutilizar los fondos de su posible superávit presupuestario -en partidas de créditos y obras comunales-, en el financiamiento de los procesos de expropiación legal de tierras en favor de los Pueblos Indígenas.

Ante una serie de hechos suscitado hace pocas semanas en el territorio indígena China Kichá, el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano informó a esta Defensoría que, en procura de emprender con diligencia los procesos administrativos, la Junta Directiva del Inder había aprobado iniciar dicho procedimiento ordinario sobre una de las fincas en conflicto, y que, en procura de restablecer la paz, el Inder había ofrecido 500 millones de colones, que tiene destinados para la adquisición legal de dicho territorio.

En marzo anterior, el Inder indicó que tenía 193 expedientes listos para aplicar el procedimiento administrativo conducentes a una eventual expropiación e indemnización; informando, además, que se había realizado el levantamiento de 1.206 fincas.

Sin embargo, a la fecha, la Defensoría de los Habitantes no ha sido informada de que se haya ejecutado ninguna expropiación ni indemnización en ninguno de los territorios indígenas.

En la respuesta a la Defensoría el Inder indicó que si bien no corresponde a esa institución utilizar el superávit que tiene para pagar indemnizaciones que corresponden al Poder Ejecutivo pagar.

No obstante, debido a la dificultades económicas en el Gobierno central, la Junta Directiva tomó el acuerdo y decidió entre otros cambios, autorizar la creación de un fideicomiso que iniciará en el 2021 con la suma de 500 millones de colones y que, se le agregara para el año 2022 y 2023 el 80% de los ingresos no tributarios que tengan el Inder, el 50% de los mismos en el 2024, 2025 y 2026.