Facilitar el acceso a la justicia, promover el uso de la tecnología y eliminar las barreras territoriales, son parte de los objetivos del proyecto de virtualización del servicio en materia de pensiones alimentarias de la Defensa Pública.

Con este proyecto, se optimizan los recursos y se garantiza que el servicio en materia de pensiones alimentarias llegue a algunas zonas rurales del país donde se cuenta con oficina de la Defensa Pública pero no existe actualmente especialista en dicha materia.

Este proyecto fue presentado ante la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia, el pasado 15 de abril y el día 18 de agosto, se informaron ante esta misma Comisión, los avances y proyecciones.

Este proyecto inició con una primera etapa, la cual abarcó la implementación del servicio en Tarrazú, Puerto Jiménez, Osa, San Vito de Coto Brus .

Como parte de las proyecciones del proyecto, se ejecutará una segunda etapa que involucran aquellos lugares que son visitados por una persona defensora pública en pensiones alimentarias una o dos veces por semana y sustituir esta atención en la medida de las posibilidades de presencial a virtual.

Para la ejecución de este proyecto se instalaron estaciones virtuales, que implican un espacio físico y equipo de cómputo en oficinas judiciales que permiten la conexión con la persona defensora pública, quien se ubica en una zona diferente del país para brindar la atención requerida.

La máxima aspiración para la Defensa Pública es llevar la asistencia legal gratuita en materia de pensiones alimentarias a cada rincón del país y eliminar de esta forma las limitaciones que se presentan en la actualidad, por la ubicación geográfica y la falta de recursos económicos de las personas usuarias más vulnerables, evitando el desplazamiento y garantizando así un verdadero acceso a la justicia.